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CACIF propone discusión de 
Plan Nacional
de Seguridad y Justicia

La seguridad ciudadana y el fortalecimiento de las entidades de justicia son prioridad para el sector empresarial organizado.

 

Reconocemos el eficiente trabajo realizado por Iván Velásquez al frente de la CICIG. Se debe retomar la convocatoria hecha hace un año por el comisionado de llevar a cabo un diálogo nacional que permita replantear prioridades y recursos en materia de justicia y generar una agenda mínima consensuada.

 

Asimismo, reconocemos el trabajo de la Fiscal General, Thelma Aldana, al frente del Ministerio Público.

 

Es necesario discutir y adoptar un sistema de seguridad y justicia más integral.

Por ello:

 

CACIF propone y convoca a la discusión de un PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, el cual debe definir metas precisas y objetivos en el corto, mediano y largo plazo con una estrategia sostenible y realista de apoyos financieros.

Para esto planteamos tres ejes: diseño del sistema, análisis de los aspectos que deben cambiarse para alcanzar el modelo que aspiramos y recursos; desarrollados en el documento que públicamente entregamos a los representantes de los medios de comunicación.

 

Para que este PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA pueda impulsarse, como sector empresarial organizado, realizaremos en el corto plazo las siguientes acciones:


1.Promover la iniciativa del Plan nacional de Seguridad y Justicia, que hoy justamente presentamos en esta conferencia de prensa.


2.Contactar a los actores de la cadena de seguridad y justicia para intercambiar diagnósticos institucionales.


3.Retomar la propuesta de Iván Velásquez de convocar a un diálogo nacional para replantear prioridades en el tema.



4.Solicitar a la Coalición por la Seguridad para que se constituya en la plataforma de trabajo de este esfuerzo.



5.Desarrollar productos específicos por eje institucional que sustenten la Política Nacional de Seguridad y Justicia.



6.Promover reformas institucionales e implementación de políticas específicas.


7.Identificar las necesidades financieras y los mecanismos de transparencia y fiscalización que aseguren la efectividad en el uso de los recursos.

 

Este plan debe ser el resultado de un trabajo serio e integral que conlleve la responsabilidad de construir un sistema de justicia más sólido y confiable, evitando las improvisaciones, ideas aisladas y decisiones precipitadas y poco técnicas.

En el marco de esta propuesta, es imperativo que el Congreso de la República asuma su responsabilidad. El Presupuesto incluye gastos sobredimensionados e irreales que solo han propiciado actos corruptos en las dependencias del Estado. Hay recursos inmediatos que deben ser redireccionados al tema de seguridad, tales como los que se pierden a diario por la corrupción en las aduanas, los pactos colectivos lesivos al Estado, los gastos en publicidad en el Ejecutivo, plazas inexistentes y contratos dudosos en obra pública y medicamentos, entre otros.

Un PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA debe estar acompañado por una reforma fiscal integral que ayude a combatir la miseria y la pobreza, y permita más acceso a la formalidad, dé ventajas competitivas al país a nivel mundial, con tarifas accesibles y con procedimientos que respondan a nuestra realidad económica y social. Todos los que tenemos una responsabilidad con el Estado, pagamos impuestos y de esta forma contribuimos al desarrollo del país. Así también deseamos un combate efectivo a la corrupción, y un gasto eficiente y transparente por parte de las entidades que forman parte del Estado.

 

Guatemala, 26 de noviembre de 2015

 

 

 

 

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