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¿Qué Estado construiremos? 

Por Paul Boteo
Publicado 02/10/2016

Cuando se discute sobre el Estado, hay cuatro elementos básicos que se deberían considerar: el tamaño, las funciones, los mecanismos de control y  el sistema para elegir a quienes lo dirigirán en sus distintas ramas.  Obviamente los cuatro están relacionados entre sí y no se pueden discutir de forma aislada.  El éxito de un Estado pareciera depender de la combinación adecuada de estos factores.

Las funciones y el tamaño del Estado son el primer punto de partida.  Aquí las interrogantes que debemos responder son: ¿Existe un tamaño óptimo de Estado? ¿Cuáles son las funciones que debemos asignarle? En el caso particular de Guatemala, ¿el tamaño del Estado está por encima o por debajo de ese óptimo? ¿Cómo
podemos determinarlo?

Una primera aproximación podría ser examinar el tamaño que tienen hoy en día los Estados de los países avanzados. En promedio, los países de la OECD tienen cargas fiscales que representan el 34 por ciento del PIB; si se excluye la seguridad social disminuye a 25 por ciento  del PIB. Y si regresamos a 1965, la carga fiscal promedio de estos Estados se reduce a 20 por ciento del PIB, excluyendo la seguridad social. Si pudiéramos ir más atrás, seguramente nos sorprendería la baja carga fiscal que tenían algunos de estos países en sus primeras fases de desarrollo.

La importancia de revisar estos datos es que no podemos aspirar a tener la misma carga fiscal que hoy tienen los países avanzados, con el actual  nivel de PIB per cápita de Guatemala. Es interesante notar que Corea del Sur tenía una carga fiscal de 12.4 por ciento del PIB en 1972, en los inicios de su expansión económica. Y Japón también tenía una carga fiscal relativamente pequeña en los años sesenta. Quienes pretenden que Guatemala tenga cargas fiscales equivalentes a las que tienen los países avanzados en la actualidad, parecieran ignorar la historia económica.

¿Tiene entonces Guatemala un tamaño de Estado adecuado? Seguramente no. Es innegable que el Estado de Guatemala tiene una presencia muy débil en gran parte del territorio nacional. El Ministerio Público y el Sistema Judicial no están presentes en todos los municipios del país, al igual que hace falta mayor presencia de educación y salud pública. La cuestión es que la ciudadanía se niega  a tributar más, porque percibe, con justa razón, que el Estado guatemalteco malgasta el dinero en cosas no prioritarias y que la corrupción continúa siendo la norma, con plazas fantasma, nepotismos y contratos a la medida. Además la SAT aún tiene mucho por mejorar para lograr que, con las tasas actuales, se llegue a niveles de recaudación de por lo menos el 13 por ciento del PIB. Pedir más impuestos sin antes hacer las tareas que corresponden, no solo es inmoral, sino además políticamente insensato.

En cuanto a las funciones en sí, se debe priorizar la defensa de la vida y la propiedad de todos los guatemaltecos; pero al mismo tiempo se debe proveer mayores niveles de educación y salud. No se puede construir un país viable en el mediano plazo, sin no apostamos por mejorar sustancialmente el capital humano. El problema de fondo es que tenemos sistemas de educación y salud totalmente anacrónicos y que han sido cooptados por los sindicatos, al igual que por proveedores inescrupulosos. No solo se necesitan mayores recursos, sino un diseño institucional moderno y con los incentivos correctos.

Por supuesto, pedir es fácil. Lo cierto es que nada de esto sucederá sin un sistema de partidos políticos fuerte, que tenga ideología y que canalice las necesidades de la ciudadanía, de forma transparente. Este es el otro elemento básico de un Estado funcional. La evidencia sugiere que sin partidos políticos auténticos, las democracias liberales simplemente no son viables.

En la actual coyuntura, no podemos dejar que el Estado continúe siendo disfuncional. Debemos ser capaces de construir un Estado garante de una economía de mercado, pero al mismo tiempo que brinde servicios públicos que faciliten la movilidad social.

 

(*) Los blogs de esta sección son responsabilidad de sus autores, su publicación es una contribución de CACIF al libre intercambio de las ideas, pero no constituyen una posición institucional. 

 

 

 
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