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Convenio 169 versus Plan Alianza para la Prosperidad

 

Por Laura Castañeda
Publicado 20/02/ 2017

 

Según el sitio en Internet Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, esta es una iniciativa firmada por los tres presidentes de los países del Triángulo Norte con el Vicepresidente de los Estados Unidos en representación de Barack Obama en el 2014, que nace como consecuencia de la crisis migratoria que provocó la emigración de miles de niños de Guatemala, Honduras y El Salvador a Estados Unidos en ese año.

 

El documento cita que “…cerca del 9 por ciento de la población ha decidido dejar nuestros países, significando una gran pérdida de capital humano…”

 

Se lee también que la motivación de firmar esta alianza es debido a que “…Los bajos niveles de inversión, los elevados costos de energía eléctrica y de logística, los problemas de conectividad son parte de los apremiantes desafíos al desarrollo que afectan nuestra competitividad y las posibilidades de aumentar el ritmo de crecimiento de nuestras economías. Esto se suma a nuestra limitada oferta y calidad de servicios de educación, salud, nutrición y desarrollo infantil que está colocando en riesgo a nuestros niños y jóvenes coartando sus posibilidades de prosperar…”.

 

Irónicamente, las únicas oportunidades verdaderamente atractivas de trabajos dignos y decentes para jóvenes en el interior las ofrecen industrias como la minería e hidroeléctricas. Las hidros y minas se instalan en esos territorios olvidados con el formalismo y rigurosidad de negocios serios. Generan impuestos con que el Estado no cuenta, oportunidades de trabajo nunca antes vistas por la gente en el interior, y desarrollo de infraestructura y calidad de vida derivados del cumplimiento de compromisos ambientales y sociales. Juzgue usted quiénes y por qué.

 

La estabilidad que estas empresas dan a sus colaboradores hace que los mismos jamás piensen en renunciar, emigrar o meterse en negocios ilícitos. Mucho menos en prestarse a luchas ideológicas de ONG´s que promueven la conflictividad –léase terrorismo–. Estos trabajadores son privilegiados, llevan el pan a sus hogares integrados en donde su familia crece a la sombra del buen patrón.

 

Desafortunadamente estas industrias están en la mira de sus detractores, algunos en la ilegalidad, quienes valiéndose de la falta de consulta previa establecida en el Convenio 169 de la OIT están logrando que las cortes manden suspender o cancelar resoluciones administrativas basadas en la inobservancia por parte del Estado a la Consulta previa.

 

El Convenio 169 de la OIT de tendencia proteccionista es la  evolución del Convenio 107, que se basaba en la integración/sometimiento de los indígenas a la cultura occidental.

 

El 169 desarrolla para los pueblos indígenas el derecho de participar del diálogo que el Estado promueve en torno a una decisión administrativa soberana de aprovechar sus propios recursos.

 

El espíritu de esta inclusión en la toma de decisiones es garantizar los derechos fundamentales y la conservación del legado cultural de los pueblos indígenas. Implica por ende que todos los derechos humanos de las comunidades vecinas a un proyecto sean protegidos sin importar el tamaño del mismo. Lejos está de ser la herramienta para la oposición al desarrollo en que se ha convertido.

 

El derecho a la consulta previa de que gozan los  pueblos indígenas ha venido siendo mal utilizada por liderazgos políticos que no representan el interés de los comunitarios vecinos a los proyectos. Primero impusieron que el SI y el NO era la consulta, limitando un derecho amplio como es el diálogo a una votación. Luego no aceptaron una reglamentación que promoviera el orden en la aplicación de la consulta porque les interesa el caos y la judicialización nacional. Esto les abre las puertas a la jurisdicción internacional en contra del Estado en materia de Derechos Humanos cuyo incentivo personal es el lucro económico, no el bien de las comunidades indígenas y el país.

 

Irónicamente a lo que contribuyen las decisiones judiciales que se basan en la falta de consulta del Convenio 169 es a sabotear los objetivos del Plan Alianza para la Prosperidad y a no permitir que se rompa el círculo vicioso de “…bajos niveles de inversión, los elevados costos de energía eléctrica y de logística, los problemas de conectividad…” que el Plan pretende combatir.

 

El cierre de cada industria establecida se traduce en menos oportunidades para las generaciones presentes y futuras que no van a encontrar otra alternativa que migrar, continuar sumidos en los círculos de pobreza o vincularse, en el peor de los casos, a actividades ilícitas.

 

Ojalá los Estados Unidos, que tanto están ayudando al país en este tiempo, ayuden al Estado a definir y ejecutar una política de desarrollo de inversión en estos sectores que por supuesto promueva el respeto a la consulta previa y que definitivamente haga inercia al Plan Alianza para la Prosperidad. Ojalá también que frente a esta fatal tendencia de las cortes promuevan la homologación de los procesos de consulta del Convenio 169 que  individualmente el Estado ha llevado a cabo con grandes proyectos industriales en el interior del país.  Urge que frenen la jurisprudencia que ordena la suspensión o cancelación de licencias mineras y autorizaciones de uso de bienes de dominio público, no solo porque estas decisiones van a tener como consecuencias el incremento de la migración y del narcotráfico y le van a representar al Estado cuantiosas demandas internacionales, sino porque las mismas contribuyen a sabotear los objetivos del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

 

Sociedad de Plumas es una red de colaboradores comprometidos con promover en las páginas editoriales el balance, el contraste y la propuesta constructiva.

 

 

 

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