Blog - El Vaso Medio Lleno




La conflictividad social y la inversión 

Por Paola de Andrino

En los últimos años, Guatemala se ha sumido en una progresiva serie de conflictos sociales impulsados por la lucha entre conservación y desarrollo. Cada quien tiene sus puntos de vista y argumentos. Dado que en estos casos la línea entre lo que es considerado correcto e incorrecto parece ser muy borrosa, es importante revisar objetivamente distintos aspectos.

Guatemala necesita inversión, necesita desarrollo. Esto lógicamente se puede llegar a alcanzar desarrollando nuestra riqueza como país. Es importante resaltar que esto no significa hacerlo de forma irresponsable, sino cumpliendo con las leyes vigentes hechas para garantizar la conservación de las comunidades y el medio ambiente.

El convenio 169 de la OIT, reconoce el derecho de las comunidades a ser consultadas al considerar medidas legislativas o administrativas que les afecten, antes de la exploración o explotación de recursos naturales, al enajenar tierras, entre otras. Sin embargo, las consultas deben de enmarcarse en un proceso de diálogo y negociación en donde se busque lograr consensos con base a decisiones informadas de ambas partes, para lograr el beneficio de una comunidad y de todo un país. Si se toma en cuenta que actualmente, según el mapa de conflictividad social de la Procuraduría de los Derechos Humanos se han identificado 82 puntos latentes de conflicto localizados en 13 departamentos del país, es indudable que las consultas no han tenido las características de consenso y dialogo necesarias para cumplir su propósito.

Los medios de comunicación recientemente publicaron la noticia en la que se expone que el sector cooperativo incursionará este año en el negocio de la generación energética, para surtir al sistema nacional por medio de pequeñas plantas hidroeléctricas. ¿Será que estas hidroeléctricas no tendrán el mismo impacto negativo que las comunidades denuncian? ¿O será que entonces no es un tema ambiental, sino de quien propone y ejecuta? Dicho esto, se destaca la urgente necesidad de regular las consultas populares, pues si el tema es quién recibe las regalías, y cómo se invierten en las comunidades, es necesario que el gobierno siente las bases para que se puedan ejecutar estos proyectos, sin que una consulta genere conflicto.

Una consulta no debe ser considerada como un medio de presión política o social para frenar la inversión, tan necesaria para lograr el desarrollo del país. No podemos pretender salir de la pobreza en la que estamos, sin permitir inversión, que si bien es cierto sacará provecho de nuestros recursos, también traerá empleo, educación, salud y competitividad.


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